La jueza Servini frenó los subsidios de 5 mil pesos para desocupados

Quedarán suspendidos hasta el 28 de octubre. El Frente de Todos pidió una medida cautelar ante la sospecha de que serían usados con fines clientelares en el marco de la campaña electoral. 

La jueza federal María Servini hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Frente de Todos contra la ejecución del plan de subsidios de 5 mil pesos que la Secretaría de Empelo lanzó para personas desocupadas, cuya administración quedó discresionalmente en manos de punteros políticos y que, según se sospecha, serían utlizados con fines clientelísticos en el marco de la campaña electoral.

La magistrada dispuso que los pagos de ese dinero que ayer comenzó a entregarse entre los inscriptos como beneficiados quedarán suspendidos hasta el 28 de octubre, día posterior a los comicios generales, a fin de evitar una presunta compra de votos.

La presentación fue hecha por el fiscal Jorge Di Lello tras una denuncia periodística que dio cuenta de que una resolución interna del Ministerio de Trabajo disponía la creación de 114 mil subsidios de 5 mil pesos cada uno para personas sin ingresos inscriptos en un listado adminstrado por punteros barriales y funcionarios municipales del macrismo.

La cautelar dictada por Servini salvaguarda el dinero que ya había sido destinado por la cartera que encabeza Dante Sica y solo inhibe la ejecución de los pagos. De hecho, la Secretaría de Trabajo ya había efectivizado la entrega de dinero a alguno de los beneficiarios.


Las sospechas de clientelismo
Una de las sospechas sobre las que se funda la teoría del clientelismo político está en la puesta en marcha del plan de bonos o subsidios, ya que cuando el Ministerio de la Producción lanza el aviso para la inscripción de beneficiarios, las planillas con los nombres y apellidos ya estaban elaboradas.

Esto despertó la sospecha no solo de la discrecionalidad del plan sino también de que podría tratarse de un recurso para la compra de votos por parte de punteros e intendentes del oficialismo, en cuyas manos estaba la administración del dinero.

La resolución había sido firmada por el secretario de Empleo, Fernando Prémoli, quien depende de la estructura del Ministerio de Producción y Trabajo. El programa permanecía oculto debido a que no se había publicitado.

La mitad de esos subsidios clandestinos del gobierno nacional fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora se habría aprobado la entrega de 80 mil, mientras que 25 mil fueron rechazados por la Anses por incompatibilidades, como la percepción de otro beneficio o salario.

En la fiscalía se presentó Jorge Landau en representación del Frente de Todos y pidió una medida cautelar para frenar la aplicación de los fondos en cuestión. A este planteo responde el dictamen que fue revisado por la jueza Servini. Landau también pidió que se investigue a Prémoli y a Sica, quienes podrían a la larga ser citados a indagatoria.

agenciahoy.com