“No debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas”, fue la respuesta del Gobierno a la proposición de la Unión Industrial Argentina (UIA) de dejar de pagarles el salario a los trabajadores que no quieran aplicarse la vacuna contra el coronavirus. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero aclaró que la vacunación “es optativa” y que “no puede haber una sanción al respecto”.
Explicó que va a seguir la inmunización optativa, que destacó que tiene “una gran aceptación”. Aseguró que la Argentina es “uno de los países que más vacunan” contra el COVID-19 y que “no puede haber alguna política económica o de sanción” para quienes no se inoculen, en declaraciones a radio La Red.
El titular de la UIA Daniel Funes de Rioja fue el que planteó la posibilidad de que las compañías consideraran “eliminar la dispensa” a los trabajadores que decidan no vacunarse y ante la imposibilidad de volver a sumarlos analizar “cesar la remuneración”. Hizo estas declaraciones tras la reunión de Junta Directiva en la que se analizó la actividad productiva durante la pandemia. Explicó: “Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse”. Dijo que “nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias”.
En abril de 2020 el Gobierno determinó al decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que los trabajadores alcanzados por la medida quedaban dispensados de asistir al lugar de trabajo, para evitar la propagación de la pandemia. En la actualidad, con el avance de la vacunación, la central fabril planteó la necesidad de retomar la presencialidad.
Rechazo de la CGT a la propuesta de la UIA
La CGT cruzó a la central industrial por esta propuesta y consideró que “no es el camino adecuado”. En un comunicado firmado por su secretario de Prensa y Comunicación Jorge Sola el organismo planteó que “castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado”.
Para los gremios “sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación”. Manifestaron que “a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica”.
El jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló se sumó a los rechazos: “Es una barrabasada lo que dicen los de la UIA. No hay ninguna ley, nadie que obligue a los trabajadores a que no le van a pagar el sueldo por no vacunarse”, planteó en declaraciones a Radio con vos.
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