2001, a 20 años de un momento trágico

La mañana del 20 de diciembre de 2001 fue aquella en la que Argentina se desayunaba la renuncia del ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo. Era el comienzo de una jornada histórica, donde primó la consigna “que se vayan todos”. Como se ha dicho en un documental recientemente estrenado al respecto de este diciembre, fue un momento donde el pueblo de a pie hizo política como hacía mucho no se veía.

Después de una década de adaptación al sentido común extranjero, enlatado al que había ingresado Argentina en pleno proceso globalizador durante la década de 1990, el pueblo volvió a latir en conjunto. La era del fin de las ideologías, la destrucción del concepto de clase, el sentir neoliberal individual se desestimó ante la emergencia.

Desde 1998 el país venía inmerso en una crisis insoslayable en cualquier mirada introspectiva al respecto a las causas que motivaron al estallido social que hoy recordamos. La convertibilidad, a la que Cavallo sigue defendiendo cada vez que tiene oportunidad, ya estaba mostrando su contracara. Aquella en la que la falta de dólares estaba empezando a poner en duda la sostenibilidad de los depósitos, y aquel contexto en el cual todos los estados que conforman la Nación (el estado nacional y las provincias) estaban virtualmente quebrados.

Pendía todo de un fino equilibrio financiado por dólares provenientes del endeudamiento externo y la privatización de empresas públicas y llegada de capitales especulativos extranjeros.

El mundo, giraba en el mismo sentido. Es inédito el nivel de adhesión que tenía la nueva tendencia neoliberal, luego de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A mediados de la década de 1990, se empezaron a ver pequeñas crisis financieras que Argentina pudo sortear, como la iniciada por la crisis de deuda de México, por ejemplo.

Ya para el año 1998, y mientras se desataban las crisis del rublo (Rusia) y de los grandes tigres asiáticos (1997), en Argentina ya no había dólares, y los estados empezaron a financiarse con bonos de deuda locales, de corto plazo.

El país, venía en un acelerado proceso de restructuración de las reglas de juego mediante las cuales se regía la economía. La apuesta hacia las pequeñas industrias argentinas había quedado atrás, y el modelo que regía en casi todos los países del cono sur era la capitalización financiera de sus recursos, y la flexibilización de las condiciones de contratación para las industrias que seguían vigentes.

Se terminó el crédito, y empezó a temblar el modelo. Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea, Ricardo Lopez Murphy, todos -que fueron ministros de Economía- ajustaron el gasto social, hicieron caer las jubilaciones y los salarios públicos, vendieron empresas nacionales, cerraron órganos de contralor (como el SENASA) y los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1,8 % al 5,3 % del PBI entre 1993 y 2001. Aunque el déficit fiscal se acrecentó por el crecimiento de la deuda, quién terminó pagando este proceso fue el gasto social, que solo creció de 20,3% del PBI a 21,8% en el mismo período.

Es imposible de negar que, en los primeros años de la convertibilidad, los problemas que habían dado origen a ésta (hiperinflación y pobreza del 50% al final del gobierno de Alfonsín) habían sido parcialmente saldados. La inflación que medía INDEC llegó a ser de 3% interanual en 1994, momento en el que la pobreza era del 22%.

Llegó 1999, y la década de gobierno de Carlos Saúl Menem concluye con una recesión con caída de 4% del PBI durante ese año. En ese contexto, asume Fernando De la Rúa, electo para seguir con ese modelo de Convertibilidad venciendo a Eduardo Duhalde, quién proponía políticas para salir de la recesión y reducción del desempleo sin salir de la convertibilidad). Incluso, la campaña de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (frente electoral entre el radicalismo y el FREPASO) se focalizaba en combatir la corrupción menemista, pero nada decía de la realidad social del país: “terminar con la fiesta”.

La mala imagen de Menem, y las elecciones desdobladas en 10 de las 15 provincias que gobernaba el justicialismo, llevó a la derrota de Duhalde en primera vuelta, y llega Fernando De la Rúa. Acompañado por José Luis Machinea, no recuperó la confianza en el sistema económico argentino y se disparó una fuga masiva de capitales en el país. La recesión se convirtió en estancamiento, el ajuste continuaba. Sin revertir el ajuste, tampoco atacó a la corrupción, y quién fue principal denunciante de esto fue su renunciante vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.

La convertibilidad generó cierres de empresas nacionales por la apertura de importaciones, la flexibilización de las leyes laborales internas, y la privatización como destino de cualquier servicio público que pudiera prestar un privado (y casi siempre en manos de amigos en una década dictada por los negocios privilegiados).

En Misiones, asumían a conducir la provincia Carlos Rovira y Mercedes Oviedo (PJ). En Hacienda de la provincia, escalaba Oscar Brizuela, quién provenía del equipo rovirista en la gestión al frente de la Municipalidad de Posadas. “Nosotros asumimos con una provincia sobreendeudada” contaba a MISIONES OPINA el entonces ministro de Hacienda. “Puerta y Schiavoni vendieron el Banco Provincia, que se ocupaba de brindar créditos a los emprendedores, y nosotros decidimos no endeudar más a la provincia”.

Llegó entonces al país una misión del FMI que apoyaba al gobierno de la Alianza, en un contexto delicado. Los bancos provinciales habían sido, en su gran mayoría privatizados (como en Misiones, que fue absorbido por Macro). A partir del propio contexto, los gobiernos provinciales comenzaron a emitir sus propios títulos de deuda, que se convirtieron en cuasimonedas a medida que avanzó la crisis.

“Nosotros tomamos una decisión política, no emitir más deuda. Tampoco usamos cuasimonedas, fue una decisión que tomó Rovira”, amplió Oscar Brizuela.

Ese acuerdo con el Fondo Monetario llevó a que el gobierno de De la Rúa a que, a finales de julio del año 2001 y en medio de una crisis económica, se implementara la Ley 25.453 o Ley de Déficit Cero (LDC). Cavallo y Patricia Bullrich (ministra de Trabajo en ese entonces) fueron los impulsores de esa reforma. En el marco de aquella ley, se recortó un 13% de los salarios a empleados públicos (incluidos docentes y trabajadores de la salud), jubilaciones y pensiones.

En ese contexto, con el Estado nacional (y varios de los provinciales) en quiebra, el país vio profundizada la salida de depósitos que sustentaban la emisión monetaria y entró en una crisis de balanza de pagos que llegó a U$S 81.800 millones desde el inicio de la crisis. Esos dólares, salieron de las reservas, profundizando la presión en favor de una salida de la convertibilidad. El FMI se negó a una renegociación a principios de diciembre, e interrumpió los desembolsos del programa que se mantenía.

El 3 de noviembre, Fernando De la Rúa firmó el decreto que estableció la restricción de acceso a los depósitos, lo que se conocería recién en la noche del 1 de diciembre de ese 2021, “el corralito”. 15 días después, no había pesos en la calle, las protestas se habían masificado por la baja bancarización del país, impactando a sectores medios y bajos fuertemente. Justo en la antecara de las fiestas de fin de año, la pobreza subió estrepitosamente hasta 66%. Dejó de haber trabajo informal, por la falta de efectivo, y se masificaron los clubes de trueque, los saqueos y la inestabilidad social extrema.

“Piquete y cacerola, la lucha es una sola”

Los sectores populares y las clases medias tenían sus nuevas formas de movilizarse. Unos por la falta de trabajo, y el hambre que se vivía en los barrios; otros porque no podían acceder a parte de sus sueldos por los U$S 1.000 mensuales que permitía el corralito.
Surgieron asambleas barriales, clubes de trueque, cooperativas y asociaciones que permitían que las comunidades no se desarmaran. Esa realidad se sostuvo por más de un año, pero tiene su nacimiento en esa nefasta semana de diciembre.

Para el 19 de diciembre de 2001, la situación estaba incontrolable. Había sesión programada del Senado, que fue suspendida por las masivas manifestaciones que rodeaban al Congreso y a la Casa Rosada. Ese día De la Rúa anunció que había decretado el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales, a pesar de que constitucionalmente es una función del Congreso.

Soldados armados en Olivos y en Balcarce 50, la Plaza de Mayo sitiada, porque inmediatamente después de terminado el anuncio, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas, y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como “el cacerolazo”.

La consigna que se pregonaba con fuerza era contundente: “que se vayan todos”, acusando a toda la política de los errores que habían llevado a un país productor de alimentos a tener a su pueblo hambreado, robando supermercados para llenar la panza en las fiestas.
Para la noche del 19, el Comité Federal de Radiodifusión había intervenido canales de Televisión de alcance nacional (como TN), y ordenó que en las tapas del 20 no hubiera imágenes de la represión que se vivió sistemáticamente en todo el país durante la jornada.
También en esa noche, presentó su renuncia Domingo Cavallo, que fue aceptada a las 3 de la mañana por De la Rúa. El resto del gabinete siguió el camino del economista, y pusieron sus renuncias a disposición, incluso el hermano del presidente y entonces ministro de Justicia, Jorge De la Rúa.

En la jornada del 20, ante las primeras muertes producidas en plena rebelión ciudadana, acudieron también las organizaciones políticas a la plaza, entre las que destacaban Quebracho, y Madres de Plaza de Mayo. La represión fue aún más feroz.

María Romilda Servini de Cubría, jueza federal entonces y ahora, intentó parar la represión en Plaza de Mayo, pero su respuesta no fue oida y también se vio afectada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

A las 16, ese día, el presidente dirigió un mensaje de 11 minutos al Justicialismo, junto a sus tres ministros en pie, ofreciendo un gobierno de coalición y un acuerdo de Reforma Constitucional. No tuvo respuesta favorable.

Desarmó el ministerio de Economía, firmó un decreto (el 1682/2001) “para regularizar las acciones de la Policía y enmarcarlas dentro del contexto de conmoción interior”, y pidió una hoja con membrete presidencial a su Canciller, Adalberto Rodriguez Giavarini, en el cual redactó su renuncia indeclinable, la que mandó al misionero Ramón Puerta, quien fuera presidente provisional del Senado.

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