Adrián Torres, pte. de la Asociación Misionera de Inquilinos: «Muchos propietarios no respetan el decreto que prohíbe los desalojos»

En julio del año 2016 nace la primera Asociación Misionera de Inquilinos (AMI), conformada por 350 inquilinos residenciales y comerciales de seis comisiones de la provincia.

AMI se constituye sobre la base del derecho constitucional de ‘asociarse con fines útiles’ y de otros derechos fundamentales consagrados por la carta magna, tales como el acceso a una vivienda digna, de trabajar y ejercer toda industria lícita y de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.

La comisión directiva de AMI está presidida por el posadeño Adrián Torres (Psicólogo Social), quien viene trabajando en la problemática de inquilinos desde el año 2007. Fue presidente de la Asociación de Inquilinos de Tierra del Fuego entre 2008 y 2015, siendo uno de los impulsores del Frente Nacional de Inquilinos, que tiene sede en Buenos Aires y que nuclea a diversas organizaciones de país que defienden y representan a los inquilinos.

En diálogo con ENFOQUE, Torres analizó el difícil contexto por el que están pasando muchas familias misionera debido a las deudas en el pago de la renta, tanto en lugares en el que residen como en los que trabajan, y aseguró que “la situación empeoró aun más que el año pasado”.

El referente de los inquilinos se refirió a la posible segunda extensión en el congelamiento de precios de los alquileres, medida en la que trabaja por estas horas el Gobierno nacional que también mantendría suspendidos los desalojos por falta de pago.

La primera medida vencía el 31 de enero y más allá de que todavía no se oficializó, es casi un hecho que se prorrogue, aunque resta confirmarse hasta qué plazo. Se trata del decreto 320, que había sido publicado a fines de marzo del año pasado, luego de establecida la cuarentena.

“El Estado tendría que encontrar algunas medidas que sean más eficaces que una prórroga, ya sea un subsidio que ayude al inquilino afectado a resolver su situación, sobre todo aquellos que puedan constatar la pérdida de empleo por la caída de la producción en la parte más fuerte de la pandemia”, afirmó. A su vez entendió que “los propietarios de los alquileres también son un sector perjudicado en esta cuestión y reclaman con justicia lo que les corresponde”.

En busca de soluciones ante este contexto, el profesional planteó que otra de las medidas útiles podría surgir desde el Estado provincial en “abrir una línea de crédito accesible para los inquilinos hasta que esta situación cambie, de lo contrario, todo se complicará aún más”.

En la misma línea, recordó que en la primera parte de la pandemia los sectores gastronómicos (bares, restaurantes) y los boliches accedieron a una línea de crédito, pero que debieron pagar mucho más de lo que se esperaba. “Necesitamos la colaboración del Estado nacional y provincial, ya que es una situación angustiante y tenemos que obtener una solución”.

Respecto a la suba de los alquileres y desalojos prohibidos en el Decreto de la Ley de Alquileres, Torres indicó que muchos dueños no lo respetaron y en Misiones hubo varios damnificados.

“En este último tiempo, muchos inquilinos llamaron a la Asociación para obtener información de sus derechos, nosotros lo asesoramos con respecto a lo que le corresponde legalmente, pero más allá de eso, se dieron casos de desalojo encubierto o por presión e inclusive de manera voluntaria para evitar conflictos”, relató. Y resaltó que “desde nuestro espacio reclamamos que haya un organismo controlador que atienda de manera directa la problemática y que no tengamos que dirimir a la justicia ordinaria, ya que eso genera muchos dolores de cabeza y el que sale perdiendo siempre es el inquilino”.

Remarcó que “desde la Asociación trabajamos a pulmón para defender los derechos del inquilino. Creemos que el nacimiento de una asociación civil por alguna problemática, se debe a la ausencia del Estado, por eso necesitamos de un respaldo más, de otros organismos que atiendan a nuestro reclamo”.

En un breve relevamiento, Torres destacó que el valor de los alquileres de un monoambiente en Posadas varía entre los $6.000 y $10.000; de dos ambientes, entre $15.000 y $20.000; y un tres ambientes, un poco más. Además, las expensas representan un 20% adicional.

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