La reciente implementación del protocolo antipiquetes por parte de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, ha suscitado una gran polémica mediática y social. Sin embargo, este anuncio trae el recuerdo de la actividad de la actual ministra en la convocatoria de piquetes a nivel nacional y su participación directa en el caso de tráfico de armas durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo es posible conciliar semejantes medidas restrictivas con un pasado tan cuestionable?
La actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich ha estado en boca de todos los medios después de presentar un supuesto protocolo anti piquetes. Lo que nadie recuerda son los hechos en los que se encuentra involucrada por el tráfico de armas durante el gobierno de Mauricio Macri.
Un hecho gravísimo que debemos destacar la seriedad que significa el contrabando de armas. Patricia Bullrich se encuentra directamente implicada por la elaboración de documentación oficial de los ministerios de Justicia y Seguridad, así como de la AFIP. El envío de armamento a Bolivia durante un periodo de convulsión política, que significó un golpe de estado, involucró múltiples áreas del gobierno de la gestión macrista.
La responsabilidad directa de la ministra de Seguridad y del expresidente Macri en el contrabando, en un delito grave que tiene mucha similitud con la falsificación de documentos realizada en el gobierno de Carlos Saúl Menem y que lo llevó a la cárcel.
Hay que destacar que para la justicia boliviana el hecho es considerado de suma gravedad y se encuentra asociado con crímenes de lesa humanidad que son investigados en Bolivia. Los mismos son vinculados a tres masacres ocurridas poco después de que las fuerzas bolivianas fueran provistas con los armamentos provenientes de nuestro pais.
Ahora, Patricia Bullrich, nuevamente en el cargo, cosa que sólo puede pasar en Argentina gracias a la «lentitud» judicial. Anunció la implementación del nuevo protocolo antipiquetes para las marchas, en especial para la que se encuentra convocada para el 20 de diciembre en conmemoración del aniversario de los sucesos que llevaron a la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.
Bullrich aseguró que el protocolo se aplicará rigurosamente para aquellos que restrinjan el paso en calles y carreteras. Sin embargo, la que quiere impedir el constitucional derecho a la protesta, es la misma que hacía uso del mismo derecho en plena pandemia.
En aquella ocasión además de cortar calles violaba las reglamentaciones comunitarias de cuidado sanitarios por la pandemia del Covid. Es la misma persona que convocaba por los medios hegemónicos a realizar marchas y cortes por todo el pais, siendo responsable de la propagación del virus y un aumento desproporcionado de muertos. Muchos de sus seguidores y organizadores murieron en estos reclamos.
Bullrich detalló que incluirá la prohibición de cortes en calles y el uso de micros escolares para transportar manifestantes. Lo que convierte la medida en un virtual estado de sitio. Advirtió que habrá sanciones penales y se aplicará una «tarifa» a las organizaciones o individuos responsables por los costos generados por los operativos de seguridad.
Es preocupante observar cómo se anuncian medidas de control y restricción del derecho a la protesta bajo la dirección de quienes, en el pasado, estuvieron involucrados en situaciones tan graves como el tráfico de armas y la desobediencia al orden.
Bullrich es un contraste directo que la ubica entre la aplicación de un protocolo antipiquetes y la participación previa en acciones que trascienden la legalidad. Sin lugar a dudas una situación sorprendente.
El tema de fondo va más allá de las medidas de seguridad implementadas. Se trata de la coherencia en el accionar y la responsabilidad ética que debe prevalecer en quienes dirigen el país. Es inquietante ver cómo una figura que estuvo envuelta en situaciones cuestionables retoma el cargo, queriendo liderar iniciativas restrictivas y antidemocráticas.
La memoria pública parece desdibujarse, olvidando hechos graves que merecerían una mayor atención y esclarecimiento judicial. El contrabando de armas, un acto de suma gravedad que afecta no solo la estabilidad interna de un país sino también la región, debería permanecer en el foco de la discusión pública y judicial. Sin embargo, Patricia Bullrich, tiene impunidad ante una justicia desdibujada que mira para los costados.
Es importante recordar que el ejercicio del derecho a la protesta es un pilar fundamental de la democracia, y restringirlo bajo el pretexto de mantener el orden público debería ser analizado con detenimiento. La coherencia y la responsabilidad en el manejo de la seguridad ciudadana deben ser objetivos prioritarios, independientemente de quién esté a cargo.
En tiempos en los que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, la sociedad demanda coherencia y claridad en la conducción de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad, especialmente cuando se trata de la aplicación de medidas que afectan directamente los derechos civiles.
(Por Walter Onorato – @WalterOnorato)
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